Caso Tapia Huenulef, cuestionada ley antiterrorista retornó en el conflicto chileno-mapuche

El gobierno de la socialista Michelle Bachelet reincide en utilizar la ley antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en un proceso asociado a una persona mapuche. La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y tribunales...

FUENTE: IPS

24 de Febrero - En entrevista con Radio Tierra el abogado del Observatorio de Derechos Ciudadanos, Rodolfo Valdivia, señaló las implicancias del retorno de la aplicación de la legislación antiterrorista en el conflicto chileno-mapuche, luego de la formalización del activista Miguel Tapia Huenulef por ese delito a petición del ministro Edmundo Pérez Yoma a la justicia.

La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.

Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.

La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.

LEY ANTITERRORISTA

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".

Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.

Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.

"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.

Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.

Entrevista en formato audio, en la siguiente web: Pincha Aquí

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